Se ha venido abriendo camino en el municipio de Soledad un interesante e inaplazable debate, se debe decidir: ¿quién debería continuar con la prestación del servicio público de agua y alcantarillado en esta localidad del departamento? 

Frente a este interrogante conviene modificar el reconocido latinazgo: in dubis, abstine (ante la duda, abstente). 

Con los cambios introducidos con la Constitución del 91, los gobiernos municipales están en la obligación de convocar a todos los actores involucrados: usuarios, academia, autoridades, entes de control y organizaciones civiles y políticas. 

El latinazgo se transforma: in dubis, consultatio populo, o lo que es lo mismo, ante la duda, consulta al pueblo. 

El asunto a tratar es de medular importancia, se trata de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, mismos que la Corte Constitucional reconoció como derechos fundamentales en pasadas decisiones. 

Desde hace aproximadamente 20 años estos servicios son prestados de forma regular e ininterrumpida por la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios (ESPD) Triple A, mediante una concesión que podría ver su ocaso el próximo año cuando se extinga el plazo pactado entre las partes (Municipio-Triple A). 

Hoy corresponde al Gobierno Municipal, sobre los hombros del burgomaestre Rodolfo Ucrós Rosales, tomar la decisión sobre el futuro de la prestación de este servicio y de escoger el concesionario que garantice la continuidad, cobertura y calidad del servicio como lo ha venido realizando la Triple A. 

El debate debe estar circunscrito bajo dos parámetros: el primero corresponde al análisis del contexto histórico dentro del cual el municipio pasó de la prestación directa de los servicios a la concesión entregada a un particular. 

La segunda corresponde a analizar los riesgos colaterales y directos que trae consigo el cambio de concesionario: (i) la afectación de la calidad, (ii) disminución a la cobertura, (iii) carencia de plantas propias para el tratamiento de aguas, entre otros. 

En ese orden de ideas conviene contrastar el actual servicio y el que en otrora era prestado por dos empresas públicas: La Metropolitana y la Municipal. 

En lo sucesivo de la década del noventa este municipio, erigido a la orilla del río Magdalena, contaba con cuatrocientos setenta y dos mil once (472.011) habitantes, distribuidos en menos de cien (100) barrios, con una cobertura del 60% del servicio de agua. 

El servicio era suministrado por parte del Ente Territorial a través de plantas propias, insuficientes, pues el 40% restante (barrios periféricos a Barranquilla) era cubierto por la ESPD Triple A. 

Pero 20 años después, aquel municipio de casi medio millón de habitantes (472.011) duplicó su población, al igual que el número de barrios, por encima de los rigores y vejámenes de la problemática social y económica de un país en constante conflicto y, a pesar del desaforado y amorfo crecimiento, en su ambición de ser metrópolis, hoy cuenta con una prestación de este servicio y derecho fundamental con cobertura casi total y con prestación poco interrumpida aún en sus más de sesenta (60) barrios subnormales. 

En los anales de estas dos últimas décadas no se puede dejar de lado la importancia de la acertada y decidida visión que tuvieron en ese momento los mandatarios de los años 2000 y 2001 para buscarle una salida a la problemática de los servicios públicos de agua y alcantarillado. 

Fue en el Gobierno de Astrid Barraza Mora (1998-2000) donde se inició la búsqueda de un operador para la solución a la insuficiente prestación de los servicios de agua y de alcantarillado, -este último solo cubierto en un 36%- que era prestado por el mismo municipio directamente y el cual presentaba falencias en materia de cobertura y calidad. 

El primer paso se concretó al expedir el acto de Resolución No. 0295 del 17 de marzo del 2000 con el que se dio inicio al trámite de búsqueda de un operador privado, proceso que fue declarado desierto por carencia de proponentes, posteriormente con la Resolución No. 1033 del 19 de julio del 2000. 

Al año siguiente (2001), el entonces Alcalde Alfredo Arraut Varelo (2001-2003) enfrentándose a una cobertura del 47% en uno de los más indispensables servicios públicos (acueducto), retomó el asunto y, acudiendo a la figura jurídica de la contratación directa, firmó el 4 de diciembre de ese mismo año el contrato de concesión de los servicios entre el Municipio de Soledad y la ESPD Triple A, acordando ejecutar el siguiente objeto: “Entrega para su financiación, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y operación de la infraestructura de Acueducto y Alcantarillado y sus actividades complementarias existentes en el Municipio de Soledad”. 

El plazo para su ejecución fue de 20 años. Decisión que en ese entonces fue aplaudida, dada la imposibilidad económica del Municipio para garantizar a sus habitantes el servicio e invertir en la infraestructura operativa de sus acueductos y así superar exponencialmente ese 36% de cobertura que afligía a esta población ribereña. 

No olvidemos que la situación del alcantarillado no era menos grave. El nivel de polución producido por Soledad contaminaba los afluentes del Río Grande en este tramo de su recorrido. 

Las responsables eran las estaciones de bombeos ubicadas en los barrios Porvenir y Cachimbero, donde funcionaban los colectores encargados del tratamiento de las aguas servidas provenientes de los barrios del “Casco Viejo” del municipio. 

La solución de esta situación requería inversiones que superaban la no halagüeña cifra de USD $78.748.738.00, de los cuales el 55,5% (USD $43.701.011.00) sería para acueducto y 44,5% (USD $35.045.727.00) para alcantarillado, con la siguiente expectativa de resultados:

Para el año 2021 tres aspectos quedan claro: 1) diagnosticar el estado actual; 2) evaluar los avances y compromisos; y 3) escoger un concesionario que garantice la continuidad de los buenos servicios que han sido prestados hasta ahora. 

Todo esto sin dejar de lado la concertación y la aplicación de procesos diáfanos que resulten en soluciones favorables para todos los habitantes del Municipio de Soledad. 

Por Leonardo Reales Chacón

leonardoreales72@hotmail.com