Pese a la declaratoria de Emergencia Nacional decretada por el Presidente Iván Duque y a las campañas emprendidas por las autoridades gubernamentales para combatir el coronavirus, entre ellas la de adoptar la medida laboral del TeleTrabajo, tal parece que algunas entidades, contradictoriamente asociadas al sector de la salud, no han asimilado dichas acciones y adaptar las actuales circunstancias a los servicios que prestan a sus afiliados.

Esta situación es lo que se desprende de la denuncia hecha por el representante de la compañía Land Developers Group, con sede en Barranquilla, en contra de la empresa Asistencia Médica Inmediata (AMI).

Sostiene que desde hace varios años se encuentra afiliado a AMI, incluyendo el servicio de área protegida para sus 50 empleados.

Acogiéndose a las recomendaciones sanitarias del Gobierno Nacional, a partir del martes de esta semana la empresa decidió acogerse a la campaña #QuédateEnCasa e implementar el TeleTrabajo.

El jueves, una de sus empleadas se comunicó con él para manifestarle que registraba tos seca y dolor en la garganta, por lo cual le recomendó reportarse ante las líneas dispuestas por la Secretaría de Salud.

En ese momento la empleada recibió como respuesta que le habían dado la categoría de sospechosa, por lo cual le dijeron la volverían a llamar para visitarla en su lugar de residencia.

Sin embargo, esto no se produjo, ante lo cual decidieron acudir al servicio de AMI, donde pidió hablar con el Gerente y le manifestaron que no lo podía atender, sugiriéndole que se comunicara con la línea de atención al cliente.

Así lo hizo y solicitó el servicio de área protegida para la empleada en su casa debido a que la oficina se encontraba cerrada desde el martes para acogerse al TeleTrabajo.

Para su sorpresa, la respuesta que obtuvo fue negativa. Le advirtieron que el servicio operaba únicamente para el sitio de trabajo, pese a que les insistió en que la persona se encontraba laborando desde su casa, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

De nada le valieron las explicaciones, por el contrario, le dijeron que si quería programaban el caso como un servicio adicional, por un costo de 200 mil pesos.

“Quedé sorprendido con la respuesta que me dieron, la manera como me rechazaron el servicio categóricamente. Quedé totalmente pasmado”, expresó en diálogo con Zona Cero.

Sostuvo que lo lógico es que si se atiende la recomendación del Gobierno para convertir la residencia como lugar de trabajo, el servicio de área protegida debería extenderse hasta ese lugar.

“Realmente me siento absolutamente defraudado, todos los meses le pagamos a AMI por ese servicio y ahora cuando lo necesitamos no nos lo prestan. No me parece justo y de hecho me voy a desafiliar de AMI porque en este momento de solidaridad debería tener otra actitud”, recalcó.

“Y no son los 200 mil pesos del servicio adicional que ellos dicen, sino la impotencia de sentirse engañado”, reiteró.

De hecho, como la Secretaría de Salud tampoco llamó ni visitó a la empleada tuvieron que acudir a una clínica privada para realizar los protocolos del caso.

Definitivamente, puntualizó, AMI no aplica lo que predica en sus campañas comerciales para atraer a sus clientes.