La Procuraduría General de la Nación conoció durante una visita de verificación en Necoclí, Urabá antioqueño, que la fuerza pública encontró minas antipersonal instaladas muy cerca de una de las rutas que utilizan a diario miles de migrantes para atravesar la selva del Darién hacia Panamá.

En desarrollo del Puesto de Mando Unificado (PMU), que acompañó el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, el pasado 15 de marzo, se reveló que en un patrullaje realizado a principios del mes se detectó un explosivo tipo camándula, enterrado en un camino del  sector de Polín, zona rural de Acandí, Chocó, paso obligado  de una de las rutas que suelen tomar los migrantes con el fin de cruzar la frontera entre Colombia y Panamá en su camino hacia Estados Unidos.

Frente a esta situación, el representante del Ministerio Público solicitó a las autoridades presentes articularse para determinar a la mayor brevedad si existen otros lugares minados en el Tapón del Darién y poner en marcha operativos de búsqueda y desactivación de artefactos explosivos improvisados con el fin de evitar una tragedia.

La Procuraduría también recibió denuncias sobre una nueva modalidad de tráfico ilegal de migrantes vía marítima entre el corregimiento de Capurganá, Chocó, y la población panameña de Carreto, que está ocurriendo en horas de la noche, a bordo de lanchas rápidas cuyo tránsito está prohibido por la capitanía de puerto e implica enormes riesgos para los migrantes.

A pesar de estos peligros, el servicio estaría siendo ofrecido como una alternativa más fácil y rápida de llegar a Panamá, pero de altísimos costos, como una especie de servicio élite de tránsito.

La problemática es aún más preocupante teniendo en cuenta que, según cifras entregadas por el Comando de Policía Urabá, el tránsito de migrantes ha aumentado en un 401 % entre 2022 y 2023, registrando 50.135 ingresos entre enero y febrero de este año, frente al 10.006 que ingresaron en los mismos meses del año pasado.

En Necoclí la situación se hace más compleja, ya que, según información reportada por la alcaldía municipal, al menos 300 de esos migrantes, entre ellos niños, adultos mayores y madres gestantes, permanecen asentados en las playas buscando cómo completar los 300 dólares aproximadamente por persona que exigen actualmente quienes operan el tránsito entre esta población y la frontera con Panamá, lo que ha llevado a que se agudicen  situaciones de insalubridad, inseguridad, prostitución infantil, explotación laboral y microtráfico , entre otras, que ha venido denunciando la Procuraduría y que hasta el momento no han sido atendidas debidamente por las entidades responsables.
 
Frente a estas nuevas problemáticas, el delegado Sarmiento, se comprometió a exponer estas problemáticas a las entidades del Gobierno Nacional para lograr respuestas prontas y eficaces.

*Con información de Procuraduría General de la Nación