Por Amylkar D. Acosta

Como se recordará la empresa XM, que administra el mercado mayorista de energía alertó, a través de un comunicado emitido el 4 de octubre de 2023,  sobre el riesgo financiero en el que estaban incursas 12 empresas operadoras de red, sobre todo aquellas con mayor exposición en Bolsa, que podía extenderse a 15 agentes más.

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Una de las empresas afectadas  era Air - e, la cual le comunicó el 10 de octubre a los generadores con los que contrataba la energía que compraba su imposibilidad de cumplir con sus pagos debido a su insolvencia, situación ésta que la habría llevado a que se aplicara la normativa de la limitación de suministro.

Ello habría sido causal de la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Para evitarla y para conjurar una crisis mayor el Ministro de Minas y Energía Andrés Camacho expidió en volandas la Resolución 40611 el 11 de octubre.

Concomitantemente se había expedido también el Decreto 1637 del 9 de octubre, abriendo una línea de crédito con tasa compensada en FINDETER para, de este modo, solventar y darle liquidez a las empresas, como salvavidas. Este es el antecedente y el contexto del paso que acaba de dar Air - e al solicitar la intervención.

Luz verde a la intervención de Air-e

Según lo registró la prensa, “en medio de un debate de control político, el Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que la cartera ha dado la 'luz verde' para la intervención de la electrificadora Air-e, encargada de surtir de este servicio público en la costa Caribe, a raíz de la situación dada por las tarifas de energía y la prestación del servicio”.

En efecto, el Ministro Camacho, anunció que “en la CREG (Comisión Reguladora de Energía y Gas) dimos concepto favorable a la intervención de Air - e, porque es decisión de este Gobierno y responsabilidad nuestra garantizar la prestación del servicio, y no vamos a permitir que el mercado siga apoderándose de los derechos de la gente".

Y fue más lejos al afirmar que desde el Gobierno han “intentado hacer acuerdos con las empresas. Hemos intentado, a través de la regulación, romper esa telaraña de normatividades creadas durante 30 años para mantener unos intereses. Y hoy yo les quiero pedir su acompañamiento, tanto a la Comisión Accidental, como a las mesas que han propuesto, para las medidas que vamos a tener que adoptar”. 

Cabe preguntarse y esperar la respuesta de parte del Ministro de cómo es que van a impedir que “el mercado siga apoderándose de los derechos de la gente”. Sería deseable también que explique cuál es esa “telaraña de normatividades creadas durante 30 años para mantener unos intereses”. Me imagino que se refiere a las leyes 142 y 143 de 1994 y las normas que las desarrollan y aplican, que pretenden reformar desde el Gobierno a través de un proyecto de ley que llevan anunciándolo hace más de un año sin que destapen sus cartas presentándolo al Congreso de la República para su trámite. 

Volviendo a la intervención, previamente la CREG le dio su visto bueno y luego el Superintendente de Servicios públicos Dagoberto Quiroga procedió en consecuencia, tomando posesión de la empresa.

Ahora bien, la intervención en principio será con fines de administración de la empresa para lo cual la Superintendencia ha designado al experto Carlos Diago Abello como agente interventor, quien asumirá el control y manejo de la empresa, pero, eventualmente puede llegar a serlo con fines de liquidación. Esa película ya la vimos con Electricaribe, cuya intervención comenzó administrándola y terminó con su liquidación. 

Air - e queda ahora en manos del Gobierno y será su responsabilidad la de garantizar la prestación del servicio con eficiencia, calidad, continuidad y solidaridad, tal como lo mandan las denostadas Ley de servicios públicos y la Ley eléctrica.

El primer reto que tendrá el agente interventor será solventar la empresa para que esta tenga la liquidez necesaria y suficiente para comprar la energía que Air - e distribuye, para lo cual el Ministerio de Hacienda deberá garantizarle el flujo de caja. Y para ello es fundamental que el Ministerio de Hacienda le gire lo que le adeuda por concepto del reintegro del valor de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, así como la concreción del crédito – puente de FINDETER para fondear la empresa mientras se tramita y aprueba por parte del Congreso la facultad al ejecutivo para que este reconozca como deuda pública la contraída por los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 por concepto de la opción tarifaria.

Air-e es el iceberg

Cabe advertir que la crítica situación de Air - e, que la ha llevado a pedir su intervención, es apenas la punta del iceberg.

Lo advirtió el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez en su reciente pronunciamiento y el S.O.S lanzado por ASOCODIS, gremio que agrupa y representa a las operadoras de red, pusieron de manifiesto la cruda realidad por la que estas están pasando a consecuencia de la deuda de la opción tarifaria y el no pago por parte del Gobierno del monto adeudado a las empresas por ese concepto.

Lo dijo claramente el señor Contralor al encender las alarmas ante el riesgo que representa para la continuidad de la prestación del servicio de energía, el “retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas y Energía, previa asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda”.

De hecho, el dueño de AFINIA, la otra empresa, que presta el servicio en la región Caribe, a los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, que son las Empresas públicas de Medellín (EPM) y el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez le están pidiendo pista al Gobierno.

Según la afirmación del Alcalde “la peor decisión que ha tomado EPM en muchas décadas fue entrar a operar el sistema de energía en varios departamentos de la Costa Atlántica a través de AFINIA…Hay que encontrar una salida, inclusive si la salida es decirle al gobierno Nacional que adquiera 100% de las acciones que tiene EPM en AFINIA”.

Como dicen los españoles, EPM se está poniendo la venda antes de la herida. Lo advierte el Intergremial del sector, del cual hacen parte ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS y SER COLOMBIA, en su comunicado: “es fundamental mitigar el riesgo de un efecto en cadena que pueda generar una crisis sistémica en el sector”[3].

La opción tarifaria en lista de espera

En cuanto a la opción tarifaria, como es bien sabido la deuda por este concepto bordea los $5 billones.

En un primer momento, como ya lo dijimos el Gobierno Nacional quiso solventar a las empresas mediante el crédito autorizado por parte de FINDETER.

Luego, el Presidente Petro se comprometió a asumir esa deuda en lugar de los usuarios, que en últimas se limitó sólo a la deuda de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, que alcanza los $2.8 billones.

Posteriormente y mientras el Gobierno Nacional subroga esta deuda a las empresas se amplió el cupo de crédito en FINDETER, al tiempo que la CREG expidió la Resolución 701 063 fechada el 29 de agosto, mediante la cual se regula el traslado de los beneficios a los usuarios, resultantes de la financiación para el pago de los saldos de opción tarifaria y de esta manera se le traslade de forma inmediata dicho beneficio al usuario.

Mientras tanto, el Gobierno incluyó en el artículo 14 del proyecto de ley 300 – 2024 Cámara de financiamiento, la propuesta que dispone que “de manera excepcional y exclusivamente durante la vigencia fiscal 2025, la Nación podrá reconocer como deuda pública los saldos adeudados por los usuarios regulados del servicio público domiciliario de energía eléctrica en los estratos 1, 2 y 3 con las empresas distribuidoras y/o comercializadoras de energía eléctrica, como consecuencia de la aplicación de la  opción tarifaria regulatoria establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) mediante la Resolución 012 de 2020…Las obligaciones podrán ser pagadas con bonos u otros títulos de deuda pública”.

Hasta ahí vamos en este viacrucis  en el que se ha convertido la asunción del pago de la opción tarifaria por parte del Gobierno, con la incertidumbre sobre la suerte que corra este proyecto en su trámite.

La liquidación de los subsidios no da liquidez a las empresas 

Y en cuanto al pago pendiente de los subsidios por parte de la Nación a las empresas distribuidoras, como es bien sabido cada mes se causan $300.000 y la deuda acumulada hasta la fecha es del orden de los $1.7 billones.

El Ministro Camacho declaró ante los medios que “hemos liquidado todos los subsidios para que los hogares cuenten con ellos”, pero a reglón seguido manifestó que “estamos a la espera de que el Ministerio de Hacienda realice el giro correspondiente”. Pero resulta que la liquidación de los subsidios, a que hace alusión el Ministro, no le da liquidez a las empresas sino el giro de parte del Ministerio de Hacienda que aún no lo hace.

Los subsidios no son transferencias monetarias

A propósito de los subsidios, el Ministro Camacho afirmó, en forma contundente, que, “además de garantizar los subsidios convencionales, nuestra intención es que estos recursos sirvan como una palanca para la transición energética. Así como existen subsidios en vivienda, también existen en energía y la idea es que los hogares puedan utilizarlos, por ejemplo, en la instalación de paneles solares y sistemas fotovoltaicos”.

Como antecedente es importante recordar que en desarrollo de una Asamblea de usuarios del servicio de energía en Santa Marta el 17 de septiembre de año anterior, convocada por el Ministro Andrés Camacho, este levantó una polvareda al espetar, sin fundamento alguno,  que “como la mayoría de las empresas son privadas, entonces se quedan con los subsidios y los administran. La transición debe garantizar que los subsidios lleguen a la gente”.

Ahora se vuelve a plantear por parte del Ministro la idea de que los hogares puedan disponer de los subsidios como si fueran dinero de bolsillo y utilizarlos “en la instalación de paneles solares y sistemas fotovoltaicos”.

Huelga decir que para que ello fuere posible tendría que reformarse la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, que a la letra dice en su artículo 99.3 que el subsidio al servicio de energía consiste en un “descuento en el valor de la factura” y no una transferencia monetaria, como si lo es la Renta ciudadana implementada por el actual Gobierno.