Desde el municipio de Tierralta, Córdoba, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, dio apertura a una nueva Casa de los Derechos cuyo propósito esencial es atender a poblaciones urbanas y rurales de esa localidad, como también de Valencia, lugares donde mayoritariamente residen comunidades indígenas.

“Acercar la oferta institucional de la Defensoría del Pueblo a la ciudadanía ha sido una de las estrategias en la que nos enfocamos durante estos últimos cuatro años, y gracias a un esfuerzo administrativo logramos pasar de tener tres Casas de los Derechos a 17 en el país, estrategia descentralizada que tiene como objetivo promulgar y defender los derechos fundamentales de las personas en los territorios”, enfatizó Camargo Assis.

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La Defensoría conoce la realidad de Tierralta, que ha sufrido por años los embates del conflicto armado interno, en el que los antagonistas siguen siendo los grupos armados ilegales. “Es una situación que hemos advertido a través de nuestro Sistema de Alertas Tempranas. Con la puesta en marcha de esta Casa de los Derechos, pretendemos que las víctimas y demás usuarios no tengan que desplazarse a Montelíbano o Montería para ser escuchados. De lo que también se trata es de facilitarles la vida en tiempos y gastos”, expresó el Defensor del Pueblo de los colombianos.

La premisa de la estrategia radica en concentrar esfuerzos en líneas de atención y fortalecimiento comunitario bajo cuatro aristas, afirmó Carlos Camargo Assis: "Permanencia en el territorio, articulación y seguimiento de la actuación de las entidades locales, empoderamiento de las comunidades y fortalecimiento de los liderazgos individuales y colectivos”.

En Tierralta está el resguardo Emberá Katío del Alto Sinú, que cuenta aproximadamente con 7000 integrantes. También hay consejos comunitarios, organizaciones afro, colectivos LGBTIQ+, cerca de 20 organizaciones de víctimas del conflicto armado interno (se estima que en las dos poblaciones hay un aproximado de 25000 víctimas), mujeres y personas en condición de discapacidad. Así mismo, hay alrededor de 300 juntas de acción comunal. 

La nueva Casa, la tercera en el departamento de Córdoba, atenderá en adelante a población en movilidad humana y víctimas de desplazamiento forzado, pero también a la comunidad susceptible de la vulneración de sus derechos fundamentales. Estará en la capacidad de ofrecer sus servicios a unas 120.000 personas de los dos municipios y sus inmediaciones.

*Con información de Defensoría del Pueblo