Las Cajas de Compensación Familiar avanzan en la asignación del subsidio de Emergencia para el Cesante, un beneficio económico dirigido a aquellas personas que perdieron su empleo durante la crisis ocasionada por el Covid-19.

A la fecha, las Cajas ya cumplieron con la primera fase que proyectó beneficiar a cerca de 100 mil personas. Sin embargo, a través de una autorización otorgada por el Decreto Ley 765, Las Cajas destinaron recursos propios para beneficiar a más colombianos.

Al 15 de julio, las Cajas habían recibido 794.209 solicitudes de las cuales 294.848 han sido postulaciones aprobadas que certifican todo el cumplimiento de los requisitos, y se han comprometido 393 mil millones de pesos para 158.899 personas que ya han sido efectivamente atendidas.

En total se espera llegar a 200 mil personas en todo el país, alcanzando un aporte del sector cercano al medio billón de pesos. Los recursos se focalizarán en las personas que tienen ya autorizado el beneficio.

En el Atlántico, las Cajas de Compensación han recibido 26.225 postulaciones de las cuales 8.566 han sido asignados por cerca de 25 mil millones de pesos, lo que se convierte en una de las mayores contribuciones económicas durante la pandemia en la región.

El número de postulaciones nos habla del impacto del desempleo en el país, más de la mitad corresponden a personas que perdieron sus ocupaciones pero que se encontraban en el sector informal y por tal razón al no cumplir con los requisitos no pueden recibir los beneficios otorgados por las Cajas, pues como lo señaló la Corte Constitucional su foco se encuentra en la población formal.

Se debe destacar que este beneficio ha sido posible gracias a los aportes empresariales al Sistema de Compensación Familiar. Sin duda, este esfuerzo constituye el aporte más importante que ha hecho el sector privado no solo por el volumen de los recursos asignados, sino también en el beneficio que representa para la población trabajadora preservar un nivel de ingresos que los aleje de condiciones de pobreza.

Como se menciona en el decreto 488 los beneficios se mantendrán hasta que permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social y ecológica, y hasta donde permita la disponibilidad de recursos. En estos términos, para las personas que perdieron el empleo a partir de 12 de marzo de 2020 y que no alcancen a ser beneficiadas se generarán listas de espera podrán acceder al ingreso solidario, reglamentado en el Decreto 801/2020 los cuales serán atendidos con recursos del Gobierno Nacional en las condiciones que establezcan.

No solo entregan el beneficio de emergencia al cesante

La focalización del Sistema en la población objetivo es de vital importancia. Son los trabajadores y sus familias los titulares de estos aportes empresariales los cuales se materializan a través de beneficios y servicios como la Cuota Monetaria, la cual mensualmente apoya a más de 5 millones de familias con un auxilio económico que representa la tercera parte de la canasta familiar de hogares cuyos ingresos son inferiores a 4 salarios mínimos.

Vale decir que cerca de seis millones y medio de nuestros trabajadores afiliados devenga menos de 1.5 salarios mínimos, con lo cual se demuestra el efecto redistributivo de este aporte y sus efectos en el PIB del país en donde esta población representa el 48 % del consumo total.  

A lo anterior se suman los programas de alimentación para la primera infancia, la operación de programas educativos, así como colegios, bibliotecas, y jardines infantiles, los subsidios para vivienda que representan el 70% de los subsidios totales del país, la formación laboral, el acompañamiento empresarial, la cultura, el deporte, la recreación, los programas de salud, entre otros. Programas que integralmente protegen a la clase trabajadora vulnerable de los riesgos de la pobreza.  

Tener en cuenta:

- El beneficio de protección al cesante es un subsidio al desempleo NO un seguro al desempleo.

- Los seguros son aquellas prestaciones contributivas al salario como las cesantías, los intereses a las cesantías y la indemnización por despido que como parte de los regímenes laborales en los países son un derecho individualizado de cada trabajador.

- El subsidio es una prestación asistencial adicional focalizada que No constituye una obligatoriedad universal porque su financiación es limitada, partiendo de un principio de autosostenibilidad del fondo que lo genera.

- Hasta la fecha los recursos con los que se ha operado el beneficio NO provienen del presupuesto público sino de recursos privados del sector empresarial que realiza el aporte para sus trabajadores.

- El porcentaje de independientes afiliados al Sistema del Subsidio Familiar es del 1.7%

- El Sistema de Compensación Familiar también se verá afectado por la crisis, ante lo cual se prevé una caída en los ingresos del 20% dado que provienen del sector formal.

"Estamos seguros que es necesario un plan integral que ayude a la clase trabajadora del país a enfrentar la crisis, donde el foco sea proteger de los riesgos de la pobreza a millones de colombianos­. No descansaremos, porque desde hace 65 años protegemos el bienestar de los trabajadores y sus familias", indicó Adriana Guillén Arango, Presidente Ejecutiva de Asocajas.

*Con información de Asocajas