La Secretaría de Salud Departamental, en lo que va de este 2024, ha impuesto sanciones a 57 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por incumplimientos en las normas de habilitación establecidas por la Resolución 3100 de 2019, que incluyen el cierre temporal o definitivo, con el fin de garantizar la calidad y seguridad en la prestación de los servicios de salud.

La subsecretaria de Asesoría y Asistencia en Seguridad Social en Salud, Rosmery Wehedeking, informó que se han llevado a cabo 180 visitas exhaustivas a IPS en los municipios de Soledad, Sabanalarga y Juan de Acosta, en las cuales se identificaron diversas irregularidades en la prestación de servicios de salud.

Estas acciones se enmarcan en el proceso de inspección, vigilancia y control que realiza la Secretaría de Salud del Atlántico, con el objetivo de verificar que las IPS cumplan con los estándares de habilitación requeridos.

"Nuestro trabajo se enfoca en asegurar que la prestación de servicios de salud en el departamento sea de la más alta calidad y que las IPS operen dentro del marco legal establecido. Hasta la fecha, hemos intervenido a 57 prestadores de servicios de salud, tanto instituciones como profesionales independientes, por proveer atención en salud de manera irregular o sin estar debidamente inscritos en el registro especial de prestadores", explicó Wehedeking.

Agregó que las medidas sancionatorias administrativas impuestas por la Secretaría de Salud Departamental pueden variar desde el cierre temporal hasta el cierre definitivo de las instalaciones, al depender de la gravedad de las faltas detectadas.

Entre las principales infracciones se encuentran la prestación de servicios sin estar habilitados, la falta de inscripción en el registro oficial y la oferta de servicios que no corresponden a la infraestructura disponible.

Estos operativos de control tienen como objetivo principal garantizar que los usuarios del sistema de salud en Atlántico reciban una atención segura y de calidad, conforme a las exigencias normativas vigentes. La subsecretaria Wehedeking destacó que la Secretaría continuará realizando estas inspecciones en todo el departamento para asegurar que las IPS cumplan con su deber de brindar atención en salud confiable y acorde con las necesidades de la comunidad y con lo reportado ante las autoridades competentes.

La actuación de la Secretaría de Salud Departamental refuerza su compromiso con la vigilancia estricta de los prestadores de servicios de salud al asegurar que solo aquellos que cumplan con las condiciones de habilitación continúen operando.

“La intención es garantizar la prestación de servicios de salud a nuestros usuarios, que esta prestación sea real, que los prestadores que estén habilitados verdaderamente existan y que la oferta de servicio sea acorde con lo que ellos a nivel de su infraestructura, estén brindando a la comunidad”, agregó Wehedeking.

Cabe indicar que la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social establece un marco regulatorio para la habilitación de servicios de salud, su verificación y control; proceso en el cual la Secretaría de Salud tiene un rol fundamental en la vigilancia y garantía de la calidad de la atención que recibe la población.

La Gobernación del Atlántico trabaja en garantizar que todos los prestadores de servicios de salud cumplan con los requisitos establecidos para su habilitación. Este proceso de habilitación es obligatorio para cualquier entidad o profesional independiente que desee operar legalmente en el sector salud, y abarca desde hospitales y clínicas hasta consultorios privados y laboratorios. 

La resolución establece criterios técnicos, administrativos y de infraestructura que deben ser verificados antes de otorgar la habilitación, lo que asegura que los servicios ofrecidos cumplan con los realmente entregados a la gente, como con estándares de calidad, seguridad y eficiencia.

Una vez que un prestador ha sido habilitado, la Secretaría verifica periódicamente el cumplimiento de los servicios. Esto incluye inspecciones en terreno, auditorías y revisiones documentales que permitan evaluar tanto la infraestructura como la calidad de la atención brindada.

En los casos en que se identifican incumplimientos o irregularidades, la Secretaría está facultada para imponer sanciones a los prestadores de servicios de salud. Estas sanciones pueden variar desde amonestaciones y multas hasta la suspensión temporal o definitiva de la habilitación del prestador.

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