La Procuraduría General de la Nación anunció este viernes que acudirá a los jueces de la República para a través de tutelas proteger el derecho a la educación de 538.000 estudiantes, y ordenar a las autoridades de 4 departamentos y 12 municipios a acelerar los procesos de contratación de los operadores del Programa de Alimentación Escolar –PAE.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, al 9 de abril, aún no se iniciaba la operación del programa en los departamentos de Quindío, Tolima y Sucre, ni en los municipios de Armenia, Cartagena, Lorica,  Sahagún, Sincelejo, Pitalito, Santa Marta, Montería, Villavicencio, Girardot y Yopal. 

Los casos más dramáticos están en Montería y en el del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. En La Heróica, donde pese a que el calendario escolar inicio el pasado 29 de enero, a la fecha 89.718 estudiantes están por fuera del PAE, a la espera de que la administración convoque el proceso licitatorio para la contratación de los operadores del programa.

Para el Ministerio Público, la alimentación escolar constituye una condición necesaria para permitir y garantizar el acceso material del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes, y su ausencia representa una barrera para su efectivo disfrute.

En lo que va de 2018 la Procuraduría General de la Nación ha adelantado 24 acciones directas frente al Programa de Alimentación Escolar que manejan las 95 Entidades Territoriales Certificadas en el país.

Se ordenó la apertura de 15 indagaciones preliminares contra las administraciones de Atlántico, Risaralda, Pereira, Amazonas (2), Quindío y Armenia (2), Cúcuta, Cauca y Popayán (3), Casanare (2), Tolima y Florencia.