La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio hoy un plazo de máximo 30 días hábiles al presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, y a Pastor Alape, miembro del consejo político de ese movimiento, para entregar "información detallada" sobre los bienes y activos de la antigua guerrilla.

"La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP les pidió a Rodrigo Londoño Echeverri y a Pastor Lisandro Alape Lascarro que en un plazo máximo de 30 días hábiles entreguen información detallada sobre los bienes y activos de las FARC", detalló el tribunal en un comunicado.

La entrega de bienes es uno de los compromisos adquiridos por la entonces guerrilla con el Gobierno colombiano, estipulados en el acuerdo de paz firmado por las dos partes en noviembre de 2016, y estos irán a un fondo para reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano.

El tribunal detalló que esa decisión fue tomada luego de que Alape pidiera en febrero pasado a la Jurisdicción Especial para la Paz que "adoptara medidas cautelares urgentes frente a los bienes y activos entregados" por la antigua guerrilla.

La JEP busca "hacer plena claridad" sobre cuáles bienes están en proceso de extinción de dominio, sus actuales administradores y "los rendimientos que hayan generado, entre otros aspectos".

En ese sentido, también vinculó al proceso a la Fiscalía, a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), al Ministerio del Interior, al director ejecutivo de la Rama Judicial, al Departamento Administrativo de la Presidencia, a la Agencia Nacional de Tierras, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la Unidad de Víctimas, a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP le dio también un plazo de 30 días a la Fiscalía para que le informe a la Jurisdicción sobre la "clasificación y relación de bienes y activos" de las FARC que estén en extinción de dominio, así como los no inventariados y para que "reporte las amenazas, pérdidas y deterioros de los mismos".

También para que señale "la destinación específica que están recibiendo los frutos civiles y naturales en el curso de los procesos de extinción de dominio", además para que "relacione si ha identificado otros bienes y activos de propiedad de antiguos miembros de las FARC".

"Órdenes similares les fueron dadas a las demás entidades del Estado y personas vinculadas al trámite del expediente sobre la solicitud de medidas cautelares", agregó la información.

La FARC entregó en septiembre del año pasado cerca de 5.000 millones de pesos (unos 1,7 millones de dólares en esa época) y luego, entre marzo y abril de 2018, 256.041 gramos de oro.

Además del oro, la FARC debe entregar tierras, medios de transporte y ganado vacuno y equino, entre otros, para la reparación de víctimas.

Los elementos anteriores hacen parte de una lista de bienes y activos de las FARC que la Misión de la ONU en Colombia entregó al Gobierno el 15 de agosto del año pasado y que según esa partido suma cerca de 963.241 millones de pesos (unos 345 millones de dólares).

EFE