Según la Corte “existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) anunció una condena contra Colombia por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en el marco de un operativo en noviembre de 1985 para recuperar el Palacio de Justicia que había sido tomado por la guerrilla M-19.

La Corte publicó en su página web el fallo en el que condena al Estado colombiano por desapariciones forzadas, una ejecución extrajudicial, privaciones de libertad arbitrarias, torturas, y violaciones a derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial.

"La Corte concluye que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19", indica la sentencia.

El fallo señala que las personas desaparecidas forzadamente son Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao.

"Esta Corte considera demostrado que personas consideradas como sospechosas fueron detenidas en las instalaciones militares donde familiares acudieron en su búsqueda (...). La negación de dichas detenciones (por parte de las autoridades) evidencia el ocultamiento de que existían personas detenidas, lo cual es uno de los elementos de la desaparición forzada", añade la sentencia.

Los jueces también encontraron responsable al Estado colombiano por la ejecución extrajudicial y desaparición forzada del magistrado Carlos Hurán Rojas, quien se encontraba en el Palacio de Justicia cuando ocurrieron los hechos.

"Es posible concluir que el señor Carlos Horacio Urán Rojas fue desaparecido forzadamente (...) Este Tribunal estableció que fue ejecutado mientras se encontraba en custodia de agentes estatales", según la sentencia.

Colombia también es responsable por la "violación al deber de garantizar el derecho a la vida" de Ana Rosa Castiblanco Torres, una ayudante de cocina del Palacio de Justicia cuyo cuerpo fue hallado en una fosa común 16 años después de los hechos, y de Norma Constanza Esguerra Forero, una vendedora de comida, cuyo paradero aún se desconoce.

También violó la libertad personal en las detenciones de Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis.

El Estado también violó el derecho a la integridad personal "por las torturas" cometidas en perjuicio de Santodomingo y Matson y por los "tratos crueles y degradantes" contra Quijano.

La sentencia indica que el Estado, además, es responsable por la violación de las garantías judiciales y a la protección judicial de 138 familias de las víctimas de este caso.

Los jueces de la CorteIDH ordenaron al Estado colombiano "llevar a cabo en un plazo razonable las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables" de las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y las torturas y tratos crueles.

Además, realizar la búsqueda "rigurosa" de once personas que permanecen desaparecidas, brindar tratamiento médico y psicológico a los familiares de las víctimas y realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad.

En cuanto a indemnizaciones, la Corte fijó 100.000 dólares por cada una de las 11 desapariciones forzadas, 80.000 dólares para las parejas o hijos de cada víctima y 40.000 dólares para hermanos.

Además, 80.000 dólares para cada víctima de tortura y tratos crueles y 15.000 dólares para cada una de sus familias, entre otras indemnizaciones.

EFE

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