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5:00 am. Lunes 21 de Septiembre de 2020
Opinión
5:00 am. Lunes 21 de Septiembre de 2020

Decidir a puerta cerrada, sin atribuciones legales, consulta alguna y sin socialización de ningún tipo, el futuro ambiental del departamento del Atlántico levanta todo tipo de suspicacias e inquietudes que impiden ver con buenos ojos la voluntad, a todas luces ilegal, de la junta del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) de inventarse una Autoridad Ambiental Especial con funciones dentro de su exclusiva jurisdicción.

Las reacciones en contra suscitadas por el inesperado y fugaz anuncio son en su mayoría justificadas por el inminente desamparo financiero al que serían sometidos los 18 municipios del Atlántico que, una vez más, por no hacer parte de la “elite” cerrada del Área Metropolitana de Barranquilla, se enfrentarían a irreversibles consecuencias ambientales debido esta excluyente decisión.

El futuro de la planeación y desarrollo ambiental del territorio, en cabeza de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.), máxima autoridad ambiental en el departamento, es otro de los tantos interrogantes que surgen desde todos los sectores, en medio de este inquietante anuncio, y que continúa sobre la mesa sin ser abordado por la Administración Metropolitana. Preocupante situación que no solo pone en riesgo un importante número de proyectos y programas ambientales concertados de manera participativa con las comunidades de todos los municipios del Atlántico, sino que también deja una gran incertidumbre sobre la continuidad de la gestión ambiental integral de los ecosistemas del territorio.

Fraccionar y limitar geográficamente la gestión ambiental es un sin sentido que solo aumentaría la desigualdad e inequidad reinante en los municipios con menores ingresos, debilitando la armonización de la planificación ambiental del Atlántico. Esta obstinada pretensión de conturbar el medio ambiente es un absurdo que pone en duda todo propósito loable de un buen ejercicio de autoridad ambiental.

Desde el Congreso de la República, siempre he luchado, como hombre Caribe que soy, contra el centralismo que tanto daño le ha hecho al país. Por eso, es lamentable que ese centralismo que tanto hemos criticado desde nuestra Región, hoy sea el protagonista de un acto tan aprovechado e inconsecuente como es decisión de la AMB, que inició sin previa discusión y continúa sin ser socializada entre las entidades, alcaldías, gremios, comunidades, etnias y la población en general. No es correcto disfrazar el deseo de concentración de poder y egoísmo que hay detrás de este anuncio, presentándolo como la propuesta por el fortalecimiento de la sostenibilidad del territorio metropolitano cuando todos sabemos, que, detrás de incontables “renders” y promesas de papel, se fortalecerá a unos cuantos dentro de esas cinco entidades territoriales, desentendiéndose del resto de municipios.

Las justificadas dudas jurídicas que tienen su fundamento en las Leyes 99 de 1993 y 786 de 2002, entre otras, en las que se establece el reordenamiento del sector encargado de la gestión y conservación del medio ambiente, sobre la que expertos juristas han manifestado la existencia de una  clara contravención a la norma con la creación de un autoridad ambiental especial, hacen inaplazables la urgente aclaración del sustento jurídico con el que se está respaldando la discordante determinación y el oscuro procedimiento puesto en marcha para su implementación.

Hacemos un llamado a los Alcaldes de Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa a reconsiderar esta propuesta que desconoce la terrible afectación que tendría sobre nuestros recursos naturales, un eventual fraccionamiento ambiental. Estamos en tiempos de unirnos para entre todos salir adelante, una reestructuración en la gestión ambiental sería inconveniente, desde todo punto de vista, mucho más en la coyuntura en la que nos encontramos actualmente.

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