Guillermo Herrera, presidente de Camacol, en un foro sobre reactivación económica en el campo de la construcción realizado recientemente en Barranquilla, manifestó la necesidad de buscar recursos para impulsar la venta de 140 mil viviendas VIS y no VIS.

La incertidumbre sobre la puesta en marcha de una sólida política de vivienda por parte del gobierno nacional se mantiene, no se conoce un plan de reactivación confiable, pero si se advierte un menguado cumplimiento presupuestal. Se venden en promedio 130 mil casas por año, cuando hay una necesidad de 200 mil.

Se sigue esperando que los niveles de asignación del Fondo Nacional de Vivienda incrementen. El año pasado se ejecutó menos del 50% de su presupuesto de inversión y este año a finales de marzo era apenas del 2%, el más bajo en los últimos 3 años.

Según el DANE, el sector de la construcción estaba generando para el año 2023 en promedio mensual de 19.000 empleos, una tercera parte de lo que se generó en el 2022 y menos de la mitad de lo que se tenía antes de pandemia.

Al respecto, en una columna en el Diario La República, señaló el ex director de planeación Jorge Iván González: “Aunque hay plata, el desorden institucional no permite trabajar en los proyectos que se requieren”.

Además de lo anterior, es justo precisar que también han incidido en el mal momento que vive el sector, la inflación, los costos de la construcción, y las altas tasas de interés.

En cuanto a la política de “Mi Casa Ya”, a mi juicio se mantiene un pendiente sobre el acceso, debería ser mucho más expedito de cara al ciudadano. Los cambios propuestos a través del decreto 0490 de abril de 2023, fueron inanes. Se descentralizó el subsidio previendo beneficios para el tejido empresarial más pequeño, sin embargo, después de la nueva norma, las cifras porcentuales de participación son las mismas de la vigencia anterior. El otro argumento del ministerio que tenía que ver con la idea de acercar el beneficio a los municipios más alejados, tampoco mostró resultados, pues los subsidios en gran mayoría siguen concentrados en los municipios de categoría especial 1 y 2, es decir, en las grandes urbes. No obstante, las trabas de la política continúan.

Si el ciudadano cumple con los requisitos para el subsidio, debe acercarse en busca de validación donde la constructora que desarrollará el proyecto; luego debe ir a una entidad financiera y tramitar un crédito hipotecario o Leasing Habitacional; y después de aprobado, es el mismo banco quien gestionará todo el proceso de “Mi Casa Ya” con el gobierno nacional.

Es decir, todo el peso de la gestión y seguimiento de la definición de la política pública de vivienda de interés social y de interés prioritario en el país, está en cabeza de un banco, que apenas está entendiendo como opera el engorroso sistema público, y para quien el máximo interés no es el servicio al ciudadano, sino el lucro.

Caso diferente al de las constructoras especializadas en la edificación de este tipo de viviendas que, aunque también procuran ganancias, saben que estas solo son posibles agilizando los subsidios para los interesados. Las constructoras deberían estar facultadas para liderar también, la interlocución con el Ministerio de Vivienda.

Finalmente, mucho ayudaría la adición presupuestal que ha propuesto el presidente Petro de 1 billón de pesos, para conseguir la meta de 52 mil familias beneficiadas. Con esos recursos, señalan expertos, se podrían impactar cerca de 160 mil coberturas a la tasa VIS y NO VIS, que apalancarían ventas por 40 billones de pesos y se generarían alrededor de 275 mil empleos por año.  

Mientras el gobierno se pone en orden, la inflación y los costos de construcción de vivienda siguen desacelerándose de forma consistente; el Banco de la República mantiene la línea de reducción de la tasa de política monetaria y el sector financiero está disminuyendo las tasas de los créditos hipotecarios.

El balón, en la cancha del gobierno.