El 2020 inició con nuevos mandatarios y nuevas mesas directivas en los concejos municipales y asambleas departamentales. Pues bien, uno de los asuntos   importantes por definir a cargo de esas mesas están los que atañen con la elección de los nuevos personeros y contralores territoriales. Desde el punto de vista legal, dentro de los primeros días del mes de enero, se debían surtir la elección de las cabezas de los órganos de control en los municipios y departamentos de nuestra Nación.

Pese a lo anterior, la realidad que muestran los medios de comunicación en los últimos días es realmente dramática: procesos cargados de conflictos de intereses, candidatos inhabilitados, empresas sin experiencia, universidades sin alta acreditación – para el caso de la convocatoria para elegir contralores-, contrataciones ilegales con universidades o empresas para efectuar las pruebas de conocimiento, pretermisión de etapas para participar, requisitos extravagantes para inscribirse, plazos inferiores a los dispuestos en la ley para agotar las distintas fases, inexistencia de publicidad e incumplimiento de reglas para la difusión de los convenios de asociación o de interés público, entre otros, sólo prueban el manejo egoísta, inconstitucional, irresponsable y mezquino que algunas mesas directivas de concejos y asambleas – no todas- le han dado a las elecciones de quienes ejercerán la labores de control disciplinario y fiscal en las entidades territoriales.   

El manejo irresponsable de tales elecciones llevó a que la Procuraduría General de la Nación tuviera que hacer acompañamiento permanente a tales elecciones en más de 112 entidades territoriales e incluso a tal punto también de tener que pedir suspensiones en el desarrollo de tales convocatorias y concursos. Por su parte, también la justicia ha tenido que asumir la carga de esos conflictos y han sido los jueces de tutela quienes en la práctica están controlando la legalidad de tales procesos electorales. Todos los días se conocen noticias de concursos que se suspenden o que se dejan sin efectos. Terrible¡

El problema anterior sólo se soluciona de una forma: haciendo los procedimientos de selección de forma correcta al amparo de la Constitución y la ley. Para eso se requieren fijar etapas claras, requisitos razonables, facilitando la inscripción de los candidatos y garantizando la transparencia en todo momento. Si se quiere contratar a un tercero para que efectúe las pruebas de conocimiento, pues hacerlo con aquellos que cuenten con idoneidad y experiencia acreditada, así por ejemplo para el caso de las convocatorias de contralores, deben hacerse perentoriamente con universidades que cuenten con alta acreditación ante el Ministerio de Educación. Otro aspecto que blinda esos procesos consiste en utilizar las vías legales correctas para efectuar la contratación con aquellos que examinarán a los participantes. También, la entrevista debe ser diseñada de tal forma que se logre cumplir con criterios de transparencia y objetividad.   

Los órganos de control territorial están instituidos constitucionalmente para vigilar a las administraciones locales y no para ser sus apéndices, simples validadores o entidades silentes. El papel que tienen es fundamental para lograr el gran acometido que nos promete la Carta de 1991 en punto a salvaguardar los derechos de todos los habitantes de los territorios.  También, esos órganos deben esforzarse para coadyuvar, dentro del marco de sus funciones, el trabajo misional de los municipios y departamentos.   

Estamos convencidos que las grandes transformaciones del país deben iniciarse de los territorios y por lo tanto ese fin sólo se alcanzará si los concejales y diputados entienden que deben tomar decisiones que consulten el interés general, que en verdad, para el caso de los personeros y contralores, resultan indispensables para que ellos puedan ejercer sus funciones con independencia y no para atender apetitos burocráticos o causas políticas. Comentarios y sugerencias al correo mrtamayo@hotmail.com