Que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego, que el que no quiere ver…La prepotencia de un mandatario como Iván Duque y sus ministros en el gobierno ha sido el gran obstáculo para intentar por lo menos un acercamiento con la clase social del país, impidiendo alcanzar la tranquilidad que todos queremos tras los cruentos y agitados momentos de protesta ciudadana en toda Colombia.

Obcecado por un “poder inmaculado”, el Presidente Duque sigue obstinado en demostrar que solo él es dueño de todas decisiones aunque estén en contra de la voluntad del pueblo. La primera reunión con los organizadores del paro y en el que estuvieron presentes miembros de distintas esferas sociales resultaron en fracaso. Por no querer escuchar o no atender planteamientos referentes a las necesidades primordiales y soluciones a los problemas de primer orden. El pueblo está agotado de tanta indolencia  y es hora de que el Gobierno  escuche y atienda  al clamor de los colombianos.

Tras los anuncios de tal fracaso, miembros de la Constituyente del 91 a través de una carta se pronunciaron con planteamientos a Iván Duque para que todas las vertientes sean atendidas en un verdadero escenario democrático, que permita rescatar el espíritu de diálogo y consensos por encima de diferencias ideológicas políticas, de historia de vida, de origen, profesiones y oficios, como reza en el texto.

Sostienen los miembros de la Constituyente del 91 que si bien el diálogo debe adelantarse sin condicionamientos de parte y parte, “es recomendable una pausa sin desistir de los justos y legítimos reclamos de la protesta por la situación de pobreza acrecentada por la pandemia y la incertidumbre de los millones de jóvenes sobre su presente y su futuro”.

Recuerdan al Presidente que en la democracia participativa  inspirada en la Constitución, uno de los instrumentos  de los ciudadanos  para dar a conocer su inconformidad  es el derecho de manifestarse pacíficamente. Afirmando que tal derecho ha sido vulnerado por las agresiones y acciones brutales y desmedidas de agentes de policía que han dejado muertos y desaparecidos,  incluyendo además abusos sexuales. Le recomiendan al mandatario ejercer su autoridad como jefe máximo  de las fuerzas armadas  para que no se repitan hechos lamentables y para que se castigue a los responsables de criminales hechos.

En los diálogos y reuniones de concertaciones debe reivindicarse el derecho ciudadano, contemplado  en la Asamblea Constituyente del 91. Afirman que todo esto dentro de del mandato constitucional contemplado en el artículo 22 que obliga a gobernantes y gobernados a tramitar las diferencias y conflictos de manera pacífica.

En la carta dirigida al Presidente, los miembros constituyentes le advierten al mandatario que Colombia necesita urgentemente un cese a la violencia cualquiera sea su origen. Aunque respetuosa, la carta  contempla términos contundentes y firmes a Duque de quien se espera receptividad. Nombres como Antonio Navarro Wolf, Humberto De la Calle Lombana, Iván Marulanda Vélez,  Antonio Galán Sarmiento,  José Otty Patiño, Aida Abello, Álvaro Echeverry, Héctor Pineda Salazar, Rosemberg Pabón José Matías Ortiz, Álvaro Jiménez Millán entre otros tantos, afianzan con sus firmas el documento.

Qué acertado resultaría si tales recomendaciones de los constituyentes fueran realmente atendidas por el presidente colombiano sometido por estos tiempos a severos cuestionamientos frente al manejo inadecuado, imprudente y hasta soberbio mandato, como lo califican los especialistas de la política nacional.

Nos atreveríamos a sugerir que el Presidente y su equipo de gobierno conformara una verdadera y representativa comisión negociadora en la que pudieran figurar algunos de los muchos miembros de la Constituyente del 91 para que, conjuntamente con los representantes del gobierno y de las otras fuerzas vivas como estudiantes, trabajadores, médicos, y bajo la supervisión de organismos internacionales de Derechos Humanos, se cumplan como debe ser las negociaciones.

Sería quizás la apertura del camino para frenar el prolongado paro y marchas que tantas víctimas y perjuicios económicos han dejado en las dos semanas transcurridas. Y seguramente podría considerarse como una muestra de querer cambiar el nefasto manejo administrativo que Iván Duque ha dado a su gobierno.