Obra paralizada.
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Veeduría.

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Orden de captura contra exalcalde de Valledupar, por contrato de parque en honor a Escalona

Siete vinculados más a la investigación entre exfuncionarios y contratista de la obra.

El exalcalde de Valledupar Augusto Daniel Ramírez Uhía resultó involucrado en un nuevo episodio de presunta corrupción que está en la mira de la Fiscalía, veedurías ciudadanas y la comunidad general en Valledupar y el Cesar.

El caso tiene que ver con la investigación por el contrato No. 1613 de 2018, que se suscribió para la construcción de la primera etapa del parque Casa en el Aire, por valor de $6.398 millones y con un plazo de 11 meses para su terminación.

La megaobra se erige en homenaje al maestro Rafael Escalona (QEPD), insigne compositor de música vallenata.

Con Ramírez Uhía se encuentran vinculados a la investigación el  ex secretario General, José Juan Lechuga Zambrano; Juan Pablo Morón Riviera y Jorge Armando Maestre Jaraba, ex secretarios de obra y supervisores del contrato.

Además, la contratista Johana Patricia Vergara Abello, Jorge Mario Peña Matos, contratista ejecutor de la obra,  y el interventor Carlos Andrés Losada Contreras.

Están requeridos por el delito de peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. 

Según la Fiscalía, durante la etapa precontractual se omitió obtener la licencia de construcción lo que generó un desplazamiento del lugar de levantamiento de la cimentación de la obra y trajo como consecuencia la suspensión en tres oportunidades y que surgiera la necesidad de hacer una adición al contrato de más de 2.000 millones, para un total de $9.295.833.056,30.

Igualmente, están vinculados la contratista Johana Patricia Vergara Abello, Jorge Mario Peña Matos, contratista ejecutor de la obra,  y el interventor Carlos Andrés Losada Contreras, requeridos por el delito de peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. 

Cabe señalar, que el pasado mes agosto, el exalcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía fue cobijado con prisión domiciliaria por otro lío judicial, un contrato de educación cuyo objeto fue la prestación de servicios para la formación a estudiantes de grado 11 para fortalecer la orientación vocacional profesional y técnicas para un mejor desempeño en entrevistas de admisión en las instituciones de educación superior.

 

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