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ONG denuncia que barreras al aborto ponen en riesgo salud de las colombianas

Según la entidad, las mujeres que desean terminar su embarazo en el país "tienen que atravesar un verdadero calvario".

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) denunció este miércoles que las barreras para un aborto seguro siguen poniendo en riesgo la salud de las colombianas y que las mujeres que desean terminar su embarazo en el país "tienen que atravesar un verdadero calvario".

MSF aseveró en un comunicado que pese a que el aborto está despenalizado en Colombia en tres casos "aún persisten múltiples barreras para acceder a este derecho".

La Corte Constitucional de Colombia ratificó en 2018 las normas vigentes para el aborto y que recogen tres causales: malformación del feto que haga inviable su vida, que el embarazo constituya un riesgo para la salud de la mujer y la violación, sin límite de tiempo. 

Aunque desde hace más de diez años el aborto está despenalizado en el país en tres casos específicos, la realidad es que aún persisten múltiples barreras para acceder a este derecho, según MSF.

Esta es la principal conclusión de un informe que han elaborado bajo el nombre "Aborto no seguro, mujeres en riesgo" en el que recopilan su experiencia practicando interrupciones seguras del embarazo en varios puntos de Colombia.

Los resultados del análisis de MSF muestran una realidad que consideran "preocupante", puesto que el 88 % de las pacientes que trataron "reportaron haber enfrentado al menos un obstáculo para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo".

La mayoría de las que atendieron desconocían que el aborto seguro es legal en Colombia, muchas habían sufrido rechazo o dificultades en su entorno e incluso habían sido maltratadas al acercarse a los servicios de salud a pedir ayuda ante un embarazo no deseado.

El informe clasifica las barreras para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en dos grandes grupos según el principal determinante: sociales y sistémicas del sector de la salud.

En el primer caso, el 47 % desconocían que podían acceder a una interrupción libre y segura y lo consideraban un delito; un 5 % habían sufrido rechazo social o en su entorno cercano y alrededor del 1 % se había visto seriamente afectadas por obstáculos socioeconómicos.

Por eso, el informe concluye que las mujeres son más vulnerables si tienen un bajo nivel educativo o si residen en zonas rurales distantes, ya que esto no solo implica largos desplazamientos, sino también gastos adicionales difíciles de asumir.

Con respecto al sistema de salud, el estudio arroja que hay una mezcla de barreras debido a la objeción de conciencia, el estigma y desconocimiento del marco legal o de los procedimientos y protocolos.

EFE

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