“Hemos solicitado a la policía que se capture de manera rápida a los responsables de esta situación que catalogamos como un acto terrorista”, manifestó este martes el viceministro de Transporte, Alejandro Maya, al rechazar la situación en donde un presunto grupo de taxistas atacó un vehículo particular que al parecer prestaba el servicio de Uber X.

El Ministerio de Transporte y la Policía Nacional ofrecieron hasta 10 millones de pesos a quienes entreguen información oportuna para capturar a los responsables.

El Viceministro recalcó que según la Ley 336 de 1996, para prestar un servicio de transporte público en Colombia, el interesado debe habilitarse como empresa de transporte y facilitar el servicio a través de un vehículo autorizado. Agregó, que quienes no estén bajo ese marco regulatorio se consideran como un servicio ilegal: “Hay una acción decidida por parte del Gobierno Nacional para contrarrestar el servicio ilegal de transporte en Colombia”.

En 2016 fueron inmovilizados 35 mil vehículos por prestar el servicio de manera ilegal a través de plataformas. Cuatro de ellas ya han radicado solicitud ante el Ministerio para hacerse legales.

De otra parte, Maya sostuvo que el 5 de noviembre de 2016 se interpuso una demanda ante el juez 45 civil del circuito de Bogotá, a quien se le solicitó que se desactive la plataforma Uber como medida cautelar, por prestar un servicio de transporte público ilegal.

Entre tanto, el General Ramiro Castrillón, Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, informó sobre el trabajo que ya adelanta la entidad para dar con los responsables: “Vamos a capturar a los responsables de este hecho. Los miembros de inteligencia y policía judicial serán los encargados de hacer las averiguaciones correspondientes. Existen varias versiones que fueron en contra de Uber, que fue la delincuencia común. Esperemos que la investigación arroje los resultados del caso”.

Por su parte, el Superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, se refirió a las investigaciones que desde la entidad se adelantan para combatir la ilegalidad en el servicio de transporte público: “Tenemos 10 plataformas en investigación, ya se abrió proceso a tres de ellas y una se sancionó por no presentar la información requerida. A Uber el año pasado se le sancionó por infringir la ley 105 donde dice que no se debe facilitar el servicio en una modalidad no autorizada. Fueron 480 millones de pesos de multa, los cuales ya pagó”.