En mi condición de profesor de la Universidad Autónoma del Caribe y ante la serie de eventos que durante este último periodo se han venido desarrollando, me asiste la obligación moral de pronunciarme con el único y exclusivo propósito de llamar a la reflexión sobre aspectos que considero relevantes.

Advierto que como profesor de la institución desde hace aproximadamente siete años y como padre de uno de sus estudiantes, sólo me animan sentimientos de sincera preocupación generados por el inmenso cariño que le tengo a esta importante entidad. En otras palabras, cualquiera sea mi actitud y mi posición, siempre estarán dirigidas a aportarle beneficios a esta entrañable comunidad universitaria.

Desde mi ingreso en el 2011 -durante la administración Gette- comprobé que la Uniautónoma era un campus ideal para ejercer la docencia. El ambiente cálido revestía los procesos académicos en franca camaradería laboral, fundamentados  en la responsabilidad y el cariño por nuestra razón de ser: los estudiantes. Luego, a poco más de un año de mi ingreso, iniciaron los problemas judiciales de la entonces rectora. Sílvia fue objeto de acusaciones y procesos en ámbito judicial y mediático que produjeron su desvinculación de la Alma Máter. Todo, en medio de una incertidumbre institucional derivada de los lamentables efectos que produjera aquella situación. Fue un momento triste para la universidad. -¿Qué ocurrirá ahora?, ¿qué irá hacer el ministerio?, ¿de qué más nos vamos a enterar?, ¿será verdad todo cuanto dicen o no?- eran preguntas que de modo espontáneo surgían tanto al interior como fuera de la institución. Sin embargo, seguimos operando y a partir de los cambios en la administración, empezaron a darse cambios en la universidad. Con la llegada de Ramsés Vargas en el 2013 -que entró pisando fuerte- el ambiente empezó a cambiar. Más rápido que lentamente, la universidad inició transformaciones tanto en su aspecto físico como en lo relativo a la misión y al personal. Todo iba deprisa. Ramsés y su equipo de trabajo daban la impresión de ser unos gurús de la transformación. Y no es que antes de la era Ramsés las cosas estuvieran mal, no. Es que eran dos estilos diferentes. La de Silvia, era una administración conservadora, más dependiente de su autoridad (a veces expresada en caprichos) y de su control. Ella, la rectora, era algo así como la matrona de una gran familia que incluso queriéndola le temía. No por el tema de las acusaciones en su contra sobre aquel homicidio, pues muchos creímos siempre en su inocencia, sino por su carácter fuerte, directo y autoritario, que le sirvió a la institución -y sería injusto desconocerlo- para crecer como creció bajo su mando. Si hay algo que no le podemos negar a Silvia y a quienes entonces le colaboraron, es que tuvo la capacidad de construir y adelantar procesos tan osados como la sede en Miami, la sede en Ocaña y un equipo de fútbol que logró llegar a la primera división, entre otros. En fin, más allá de las circunstancias inherentes a sus procesos penales que también tocan aspectos relacionados con malos manejos en la administración de la universidad, nadie puede negar en la región, que Silvia Gette contribuyó con el crecimiento de la Autónoma.

Así mismo, es justo reconocer que después de la crisis surgida por los inconvenientes de Gette, Ramsés entró casi que a levantar a la institución de los efectos de aquel duro momento. Con él, la Autónoma volvió a sonreír. Los cambios hechos a toda marcha generaron optimismo y esperanza. El considerable incremento del número de doctores, el fortalecimiento de los procesos de investigación y de factores tan importantes como la internacionalización, el robustecimiento del contacto de la actividad académica con el contexto externo mediante foros y conferencias de talla nacional e internacional al más alto nivel, la modernización de la plataforma virtual, el buen manejo de las relaciones de la institución con los diferentes niveles del sector público, la mirada complacida del Gobierno Nacional expresada a través del Ministerio de Educación y del mismo Presidente, y el directo e inminente -hasta hace poco- camino hacia la acreditación institucional, son algunos de los logros de la administración Vargas que también sería insensato desconocer. Su estilo, más liberal y más institucional que en el pasado, fue objeto de reconocimientos y comentarios positivos a nivel regional y nacional. Pero hoy, a casi cinco años de aquel espectacular ingreso, volvemos a escuchar las mismas preguntas de entonces: -¿Qué ocurrirá ahora?, ¿qué irá hacer el ministerio?, ¿de qué más nos vamos a enterar?, ¿será verdad todo cuanto dicen o no?-. O sea, aquellos que padecimos la incertidumbre del 2013, nos encontramos en una especie de déjà vu, más que por el origen de los factores que dieron lugar a ambas situaciones, por los resultados.

Hoy, los estudiantes, los padres de familia, los docentes y los empleados de la Uniautónoma, no tenemos la más pálida idea de lo que va a suceder. Establecer los hechos que nos llevaron a las actuales circunstancias y atribuir las respectivas responsabilidades, es una tarea que le corresponde a las autoridades competentes, no a nosotros. A la comunidad universitaria, lo que nos debe interesar es que se garantice el derecho a la educación de nuestros estudiantes, la continuidad de los procesos académicos en curso y el pago de los salarios de los trabajadores. A pesar de ser más que entendible que en el marco de protestas que han ayudado a poner en evidencia la necesidad de que el Ministerio de Educación medie para que esto se normalice, no deja de ser inocuo circunscribir dichas protestas a exigir la crucifixión de personas que seguramente serán sometidas al escrutinio de las autoridades competentes. Nosotros, los empleados, los docentes y los estudiantes, no somos jueces. No tenemos la facultad legal para condenar a nadie. Nosotros somos víctimas de una lamentable situación que amerita ser investigada a profundidad por quienes sí tienen la potestad legal para ello.

Las marchas, las protestas y cualquier otro mecanismo a través del cual se exprese la indignación por los derechos conculcados, tienen sentido cuando generan resultados. La renuncia del rector, por ejemplo, no es un resultado que deba elevarse a la categoría de éxito por parte de aquellos que justamente protestan. Es una decisión tomada por el mismo rector y que, en la práctica, no produce efectos inmediatos en relación con lo que de verdad debe importarnos. El objetivo, es que la situación se normalice para que nuestros jóvenes retomen sus estudios. No es otro. Adelantar un paro sin ese claro propósito, es lo mismo que nada. Y adelantarlo de manera tal que quienes protestan lo hagan en grupos aislados, ya sea por programa o por facultad, no permitirá que haya unidad de criterio en relación con lo que se exige y con el modo de exigirlo.

La exigencia, debe ser una sola y debe dirigirse al Ministerio de Educación: poner en marcha la normalización de la universidad de forma inmediata para garantizar la continuidad del ejercicio de derechos fundamentales que están siendo vulnerados.

Logrado esto, mientras los entes competentes desarrollan su labor de investigación, de atribución de responsabilidades y de inicio de procesos, nuestra tarea debe apuntarle a un verdadero revolcón de la Universidad Autónoma del Caribe, mediante el relevo total y absoluto de una Sala General que debe estar compuesta por personas ajenas a cualquiera de las investigaciones que hoy se adelantan, teniendo en cuenta, además, que no han tenido la misma cortesía que mostró el rector al renunciar. Independientemente de que su grado de participación en las irregularidades cometidas haya sido cero, creo que la renovación total del máximo órgano de la universidad, le haría un enorme favor a su futuro.

Nadie, absolutamente nadie es responsable de algo hasta que se demuestre lo contrario. No obstante, por el bien de la institución y por la tranquilidad de aquellos que dan vida a su existencia, se hace necesaria una sacudida que la despoje del mínimo asomo de sospechas.

Esto no se resuelve despotricando. Esto no se resuelve insultando. Esto se resuelve cambiando. Nuestro afán y nuestras energías, no deben dirigirse a joder a otros. Deben encaminarse únicamente a exigir que resuelvan una situación que nos tiene jodidos a nosotros.

Finalmente, me permito aclarar que hacia Ramsés no tengo más que sentimientos de gratitud y afecto. Lamento mucho el difícil momento que atraviesa. Yo no practico el deporte de caerle al caído, yo no me alegro ni por los errores que otros cometen, ni por sus consecuencias. Tampoco tengo nada que decir de ninguno de los miembros de la Sala General; ellos, o se equivocaron deliberadamente, o se equivocaron ingenuamente. Ya serán las autoridades las que determinen qué fue lo que sucedió. No seré yo quien asuma el rol de autoproclamado verdugo de un grupo de personas cuyos niveles de responsabilidad en todo esto desconozco.

Lo único que deseo, es volver a mis estudiantes y ver a mi hijo volviendo a sus maestros.

Por Miller Soto

Docente Uniautónoma