Por: José Granados Fernández
Twitter: @JoseGranadosF

Cinco años no fueron suficientes para que Procuradores Provinciales de Barranquilla tomaran una decisión en favor o en contra del ex alcalde de Soledad Franco Castellanos y 17 exconcejales por presuntas irregularidades en la aprobación de millonarias vigencias futuras en diciembre de 2014, y en el peor mensaje institucional dejaron prescribir la investigación disciplinaria que les iniciaron en septiembre de 2015.

Las vigencias futuras estaban destinadas a financiar la prórroga del contrato suscrito entre el Municipio y la Empresa Aseo Especial de Soledad y la cofinanciación de obras de infraestructura con Findeter.

Junto con Castellanos, la prescripción favorece a Rodolfo Ucrós, actual alcalde de Soledad; Jairo Samper, presidente del Concejo, y a los ex concejales Enrique Del Castillo, Álvaro Martínez, Robin Castro, Jose Florián, Erwin Baena, Rodrigo Martínez, Montewuiliano Balvuena, Álvaro Berrocal, Doris Cáceres, William Torres, Carlos Cabrera, Félix Donado, Luis Espinoza, Ruby Puente y Johnny Pulgar.

El ex concejal William Torres, en explicación enviada a Emisora Atlántico y Zona Cero.com, argumenta que pese a que él no votó el proyecto de acuerdo y pidió que lo desvincularan de la investigación, no sucedió así. “En esta investigación no hubo imparcialidad”, se queja ante lo actuado por la Procuraduría Provincial. Y enfatiza en que “hubo una intención perversa” al vincularlo y al dejar precluir el proceso.

Además de una serie de maniobras internas para que “la investigación no avanzara” luego de la formulación de cargos en octubre de 2017, como lo aseguran abogados que siguieron de cerca la investigación, a la procuradora Regional, Margarita De la Hoz Jure ,le llamó la atención que pese a que el proceso estaba en la “etapa de práctica de pruebas de descargos” fueron expedidos dos autos de nulidad, el 9 de septiembre y 1° de octubre de 2020, que retrocedieron lo actuado hasta la etapa de evaluación de la investigación disciplinaria, lo que derivó en una providencia que archivó el caso.

Al resolver el recurso de apelación presentado por el quejoso Elmer Rudas, la procuradora De la Hoz halló que el 9 de diciembre el proceso había prescrito por lo que decretó la “extinción de la acción disciplinaria”, pero debido a la extraña maniobra de las nulidades expedidas decidió remitir copia de su decisión a la Veeduría de la Procuraduría General “a efectos de que investigue” a los funcionarios de la Procuraduría Provincial de Barranquilla que intervinieron en dicho proceso. Es decir, los investigadores pasarán a ser investigados.

Fuentes del Ministerio Público recordaron a Emisora Atlántico y Zona Cero.com que las actuaciones estuvieron en cabeza del ex procurador Roberto Badel, remplazado por Elvia Otero, asesora del ex procurador general Fernando Carillo.

"La prescripción es la forma como se termina un proceso disciplinario a favor de un investigado, pero deja en evidencia la negligencia del funcionario investigador frente a su deber funcional de tomar una decisión en el tiempo legal establecido”, dijo un abogado consultado; y sostuvo que “toda prescripción da lugar a investigar disciplinariamente al funcionario omisivo”.

Sobre el final del proceso, otro jurista señaló que “la prescripción es el resultado de no querer tomar una decisión de fondo cuando un funcionario está comprometido en un acto ilegal; la prescripción no deja duda de que existía el interés de ayudar al funcionario disciplinado”.

La semana pasada, horas antes de dejar el cargo, el ex procurador Carrillo reveló que en la Procuraduría hay “una mafia” que “se encargaba de cambiar los fallos” y estaban tratando de desmontarla, por lo que fuentes consultadas opinan que la nueva procuradora, Margarita Cabello, debe investigar por qué sucedió lo que en Soledad comienzan a llamar la “vergonzosa prescripción de las vigencias futuras”.