Un mes después del primer contagio, Portugal ha logrado mantenerse con niveles moderados del Covid-19, con 266 fallecidos y 10.500 contagiados, cifras para las que ha sido clave el aislamiento de la población y que el país no quiere echar a perder, por lo que se está blindando ante la Pascua.

Con un estado de emergencia declarado a mediados de marzo y recién renovado, al menos hasta el 17 de abril, el Gobierno portugués ha endurecido las medidas, sobre todo para evitar una explosión de contagios durante la Semana Santa, época en la que son habituales los desplazamientos y las reuniones familiares.

Quiere impedirse que los portugueses se relajen durante el período festivo y mantengan el "recogimiento general" decretado por el Ejecutivo, que sólo prevé el confinamiento obligatorio con sanciones para los enfermos de coronavirus y los casos sospechosos.

El civismo mostrado por la población a la hora de cumplir las recomendaciones ha sido elogiado tanto por el Ejecutivo como por el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, y fue destacado hoy por la ministra de Sanidad, Marta Temido, al hacer balance sobre la pandemia.

"Hemos constatado una gran responsabilidad por parte de los portugueses", dijo Temido, quien recordó que esa responsabilidad "tiene que ser renovada todos los días porque no hay todavía luz al fondo del túnel".

Por eso, Portugal ha endurecido las medidas de cara a la Semana Santa y, entre el jueves 9 de abril y el lunes 13, quedarán prohibidos todos los desplazamientos fuera del municipio de residencia habitual que no tengan una justificación laboral.

Quien incumpla esta norma incurrirá en un delito de desobediencia, infracción por la que ya han sido detenidas 108 personas desde que se implementó el estado de emergencia.

Una decena de ellas por intentar salir o entrar en Ovar, una localidad de 55.000 habitantes especialmente golpeada por el Covid-19 a la que se aplicó un cerco sanitario el 15 de marzo.

También están bajo cerco sanitario desde hace dos días todos los municipios de la isla de São Miguel, por decisión del Gobierno regional de Azores.

Por su parte, los controles en todo el país se han reforzado desde este fin de semana con una operación conjunta de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y la Policía de Seguridad Pública (PSP) para asegurar que se cumplen las normas, especialmente la prohibición de los grupos de más de cinco personas.

Durante los cinco días de Semana Santa también se cerrarán al tráfico de pasajeros en todos los aeropuertos nacionales.

A nivel terrestre, las fronteras con España están semicerradas desde la noche del 16 de marzo y sólo se permite cruzar a trabajadores transfronterizos, transportistas de mercancías y nacionales o residentes que regresan a su país en plena pandemia.

Se impiden los desplazamientos de ocio y turismo, tan habituales entre los dos países en las casi cuatro décadas de libre circulación, especialmente durante la Semana Santa.

Según los últimos datos divulgados por el ministro portugués de Administración Interna, Eduardo Cabrita, unos 132.000 ciudadanos han pasado por los controles de la frontera más larga de Europa -más de 1.200 kilómetros- desde que se implantaron las restricciones y a un total de 1.126 personas se le ha impedido cruzar.

Todas estas medidas han permitido que Portugal consiguiese "ganar la primera batalla y aplazar el pico" de casos, como aseguró esta semana el presidente portugués, quien subrayó que ahora es momento de mantener la desaceleración del brote y gestionar el aumento de enfermos que precisan de cuidados intensivos.

La Dirección General de Salud (DGS) esperaba el pico de contagios inicialmente para mediados de abril, pero ahora calcula que no llegará hasta mayo.

EFE pidió a la DGS detalles sobre cómo se están contabilizando los contagiados y los fallecidos, pero por el momento no ha obtenido respuesta.

A la espera del peor momento, los hospitales se preparan para hacer frente a ese pico, en un país donde el personal de la sanidad ha protagonizado numerosas huelgas y hay quejas por falta de medios y largos tiempos de espera en los últimos años.

Portugal tiene casi 500 médicos por cada 100.000 habitantes, la tercera cifra más alta de la Unión Europea (UE), según datos de la agencia estadística comunitaria Eurostat, pero no todos trabajan para la sanidad pública.

De acuerdo con el Colegio de Médicos portugués, de los 56.000 profesionales que tenía inscritos a finales de 2019, sólo 29.000 trabajaban en el Servicio Nacional de Salud (SNS), donde hacen falta otros 5.500 doctores, según esta entidad.

El estado de emergencia permite requisar hospitales privados y reorganizar a los sanitarios para que los que trabajen a caballo entre los dos tipos de sanidad se dediquen por entero al SNS, unas medidas a las que, por el momento, el Gobierno no ha tenido que recurrir.

EFE