Carlos Felipe Córdoba Larrarte, Contralor General de la República.
Carlos Felipe Córdoba Larrarte, Contralor General de la República.
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@CGR_Colombia

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Ante el escándalo: privilegiados con ‘Colombia Agro Produce’ renunciaron a $33 mil millones

Grandes productores concentraban créditos especiales dirigidos a los campesinos.

Atendiendo el llamado de atención que hizo la Contraloría General de la República sobre la concentración de créditos subsidiados para el agro en la emergencia por el Covid-19 (Línea de Crédito Colombia Agro Produce), el Ministro de Agricultura, el presidente de Finagro y la Junta Directiva de esta entidad determinaron revisar el tema, tras lo cual se anunció la implementación de controles previos al acceso a los recursos de subsidio y otros posteriores para establecer que el destino que se le dé a los préstamos sea el indicado.

Al mismo tiempo, se informó que créditos cercanos a los 33 mil millones de pesos fueron cancelados, es decir los destinatarios solicitaron suspender los desembolsos.

Frente a lo anterior, el Contralor Delegado para el Sector Agropecuario, Gabriel Romero Sundheim, señaló que el organismo de control continuará vigilando el comportamiento de los créditos, la efectividad de los controles anunciados, así como las demás medidas que se tomen con el propósito de que los recursos lleguen al campo, a los municipios y veredas, principalmente aquellos más alejados de las ciudades capitales.

La alerta de la Contraloría estuvo motivada por la rápida concentración detectada en la Línea Especial de Crédito (LEC) Colombia Agro Produce, lanzada por el Gobierno Nacional en respuesta a la emergencia por el Covid-19.

Se encontró concentración de los créditos por parte de agroindustriales que superan por mucho los activos de 5000 salarios mínimos, cifra a partir de la cual un empresario del campo es considerado como “gran productor”.

La Contraloría formuló varias recomendaciones frente las medidas implementadas por Finagro para apoyar al sector agropecuario y rural colombiano en medio de la declaratoria de emergencia sanitaria, económica, social y ecológica prevista por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 del 17 de marzo del 2020.

Una de estas recomendaciones es que se revise de qué forma se pueden agilizar las solicitudes de crédito por parte de los medianos y pequeños productores, teniendo en cuenta que los recursos que están solicitando los campesinos son necesarios de forma urgente para iniciar cosechas, reemplazar cultivo, compra y sostenimiento de animales entre otros.

Al respecto, se conoció que esta estrategia, así como la generación de indicadores objetivos que permitan medir el impacto de la línea de crédito Colombia Agro Produce, serán anunciadas en los próximos días por parte del Ministerio de Agricultura.

Algunas de las recomendaciones planteadas por la CGR y la respuesta frente a las mismas, de parte de las autoridades agropecuarias, son las siguientes:

- Luego de alertar sobre debilidades en los controles, la CGR recomendó que fueran revisados los existentes y que se implementen nuevos para evitar que los interesados en las líneas de crédito del programa Colombia Agro Produce, sustituyan pasivos accediendo a este tipo de recursos a menores costos financieros, los cuales se tienen dispuestos como apoyo a la producción y al mantenimiento de las capacidades productivas y no al favorecimiento de los perfiles de deuda individuales, así como para que los dineros recibidos sean destinados a actividades relacionadas con el trabajo en el campo.

En este punto, Finagro estableció un control a través de la implementación de un mecanismo de verificación de las inversiones con los recursos de crédito que aplicará a las operaciones realizadas por grandes productores, para garantizar que se trate de inversiones nuevas y en caso de no ser así, se requerirán las devoluciones. 

- Finagro, a través de su junta Directiva, atendió las recomendaciones efectuadas por la CGR y ha previsto que se fortalezca la gestión de seguimiento al crédito otorgado dentro del programa Colombia Agro Produce.

- La CGR recomendó que se establezca, durante la ejecución y a la finalización del programa Colombia Agro Produce, un mecanismo de evaluación del mismo con indicadores que permitan medir la efectividad y el impacto del mismo, a partir de la determinación de la afectación de las empresas beneficiarias, y las necesidades que busquen atenuar con los recursos del crédito. Lo que también fue acogido por Finagro, quien anunció el inicio de labores con el DNP para poder tener líneas bases e indicadores de impacto. 

- La CGR recomendó que se profundicen en el sistema nacional de crédito agropecuario los controles que permitan, en esta época y en tiempo de normalidad, focalizar recursos estableciendo señales que permitan corregir las asimetrías inequitativas en la asignación de recursos del crédito de fomento. Como por ejemplo, revisar la definición de grandes productores, segmento en el que históricamente se coloca la mayor cantidad de crédito, y en el que compiten por los subsidios y los créditos de redescuento agricultores que tengan activos de más de 5.000 smlmv, con personas jurídicas con activos superiores a un billón de pesos. Situación que para el caso concreto de la “Línea Colombia Agro produce”, significó la exclusión de empresarios del campo que no tuvieron oportunidad de acceso ya que no gozan de una relación comercial con los bancos igual de eficiente.

En este sentido, Finagro como ejecutor de la política pública definida por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario -CNCA interactuará con ella para lo que resulte pertinente sobre la focalización del programa y, además, gestionará para que se generen señales y se ejerzan controles adecuados para buscar asegurar que la asignación de los recursos en medio de la emergencia se haga a las personas y empresas afectadas, entendiendo que el sector agropecuario y rural tiene un impacto transversal por la actual situación y se han visto perjudicados los productores y los transformadores (pequeños y medianos). 

La CGR advirtió que continuará con la vigilancia, manteniendo abiertos los canales de comunicación y a la espera de que se formalicen los controles y las iniciativas de gestión lo antes posible.

 

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